El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de España ha sido condenado a indemnizar por daños y perjuicios a los hijos de un hombre muerto por la ingesta de vino adulterado en el año 1993.
El presidente de ese organismo, Guillermo García, aseguró a la prensa que desde esa fecha se han incorporado nuevas tecnologías para el análisis de los vinos, tales como el “seguimiento satelital de los camiones, un plan de contingencia ante intoxicaciones y se encuentra en marcha para un proyecto para reequipar los laboratorios existentes, a la vez que se están armando tres laboratorios móviles para control en ruta, especialmente enfocado en el control de metanol”.
El funcionario aclaró que la responsabilidad de INV era relativa, ya que el hecho ocurrió en el 93 y la ley Nacional de Alcoholes “por lo tanto no podíamos controlar a las destilerías. Lo que pasó desnudó una realidad que es que no había control sobre los alcoholes. La ley 24.566 le otorga las facultades al instituto y se tomaron un montón de medidas al respecto".
Por su parte, el subgerente de Asuntos Jurídicos del INV, Gabriel Bertranou, aseguró que se estudiaría el texto de la sentencia de la Cámara y eventualmente se apelaría ante la Corte Suprema.
En caso de no conseguir revertir la situación, el funcionario admitió que se pagará a los familiares del hombre muerto con bonos estatales, a través de la ley de Consolidación de Deudas del Estado.
En sentido similar, Bertranou explicó que en otros expedientes judiciales, donde se reclamó por el mismo tema, ya que hay 25 fallecidos por ingerir vino adulterado, se logró pagar “un 30% menos que lo que reclamaban los familiares de los muertos”.
El caso hace referencia directa al grave problema que debió enfrentar la industria vivitivinícola nacional luego de que el vino elaborado por la familia sanjuanina Torraga provocara las muertes citadas gracias un alto contenido de alcohol metílico, popularmente conocido como alcohol de quemar.
En la maniobra de adulteración del vino de marca Soy Cuyano, estuvieron involucrados tanto el enólogo de Torraga como un funcionario del INV que se desempeñaba en la delegación en la provincial vecina.
Tras más de 10 años que duró el proceso por el reclamo que ahora deberá asumir el INV en forma solidaria, la condena al INV surge luego de que el principal imputado, Mario Arnoldo Torraga, está en libertad hace varios años.
